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El régimen migratorio global, basado en la aplicación unilateral de políticas restrictivas por parte de los países de destino, no sólo es inmoral sino también insensato porque multiplica los riesgos del proceso y limita los beneficios que podrían obtener todas las partes involucradas. En particular, supone un coste de oportunidad sin precedentes para el desarrollo de los países pobres. La reforma de este modelo debe combinar la cooperación entre Estados y la cesión de soberanía con un proceso intenso de innovación institucional.