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Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma en 2002, la comunidad internacional consagró más de un siglo de evolución del concepto de responsabilidad penal individual y universalidad de los derechos humanos. La Primer conferencia de Revisión del Estatuto puso de manifiesto las particularidades y restricciones de la Corte Penal Internacional, en tanto órgano jurídico fruto de la negociación política. Antes que una “oportunidad perdida”, la Conferencia y sus “tibios” resultados, dan cuenta del peculiar espacio que ocupa hoy la Corte como expresión de un sistema internacional en constante evolución.