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Este trabajo afirma que la política de cooperación estatal no vincula la migración al desarrollo sino que se centra en una política de control de la inmigración y de la integración de los inmigrantes. La autora demuestra que a pesar de no tener competencias sobre la cuestión migratoria, se ha elaborado un marco legislativo muy importante. Además, propone la revisión de la Ley Española de Cooperación al Desarrollo para introducir la dimensión del codesarrollo y propone también promover un cambio de visión pública de la inmigración y del inmigrante a través de un reconocimiento y valoración de las acciones de las asociaciones inmigrantes.